La historia fue más o menos así: a finales de 2007 la oficina de la Auditoría de Inglaterra envió una solicitud al Departamento de Hacienda para que le proporcionara una lista de los beneficiarios del subsidio estatal que se otorga en el Reino Unido a los padres de menores de edad.
El departamento acató la solicitud y grabó la información en dos discos que envió a la Auditoria. La información nunca fue recibida, por lo que la oficina solicitó nuevamente los datos. Sin reparos, Hacienda volvió a enviar la lista, esta vez por correo certificado.
El cuento no terminó ahí. 20 días después del primer envío, ambas dependencias descubrieron que en algún punto de su recorrido de un buzón a otro, la información personal y financiera de 25 millones de ingleses había desaparecido.
El asunto no fue menor. Los discos guardaban los nombres, direcciones, números de seguro social, cuentas bancarias e incluso los nombres de los hijos de al menos una de cada tres familias inglesas.
Descubierto el error, el gobierno se apresuró a asegurar que el extravío de los datos no ponía en riesgo a los ciudadanos ingleses; sin embargo el primer ministro Gordon Brown acudió a la Cámara de los Comunes para pedir una disculpa “por las molestias y preocupaciones” y el presidente de la autoridad fiscal se vio obligado a dimitir de su puesto.
Esta semana, El Universal ha publicado una investigación sobre la venta de datos personales de millones de personas en el barrio de Tepito y a través de Internet. El reportaje de María de la Luz González detalla que, por 12 mil dólares, prácticamente cualquier persona puede tener acceso a los registros completos del IFE, RFC, entidades bancarias e incluso de los registros policíacos de todo el país.
Más allá de las reacciones del IFE y del IFAI, que se pronunciaron por “blindar” el padrón electoral y restringir su consulta, y del señalamiento de la FEPADE que dijo haber iniciado ya la investigación del hecho, el tema del manejo de los datos personales debe ir más allá, y por eso el recuerdo del caso inglés.
Apenas la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Protección de Datos Personales que aún debe ser votada por el Senado. Hoy, parece que la legislación ha quedado corta.
El departamento acató la solicitud y grabó la información en dos discos que envió a la Auditoria. La información nunca fue recibida, por lo que la oficina solicitó nuevamente los datos. Sin reparos, Hacienda volvió a enviar la lista, esta vez por correo certificado.
El cuento no terminó ahí. 20 días después del primer envío, ambas dependencias descubrieron que en algún punto de su recorrido de un buzón a otro, la información personal y financiera de 25 millones de ingleses había desaparecido.
El asunto no fue menor. Los discos guardaban los nombres, direcciones, números de seguro social, cuentas bancarias e incluso los nombres de los hijos de al menos una de cada tres familias inglesas.
Descubierto el error, el gobierno se apresuró a asegurar que el extravío de los datos no ponía en riesgo a los ciudadanos ingleses; sin embargo el primer ministro Gordon Brown acudió a la Cámara de los Comunes para pedir una disculpa “por las molestias y preocupaciones” y el presidente de la autoridad fiscal se vio obligado a dimitir de su puesto.
Esta semana, El Universal ha publicado una investigación sobre la venta de datos personales de millones de personas en el barrio de Tepito y a través de Internet. El reportaje de María de la Luz González detalla que, por 12 mil dólares, prácticamente cualquier persona puede tener acceso a los registros completos del IFE, RFC, entidades bancarias e incluso de los registros policíacos de todo el país.
Más allá de las reacciones del IFE y del IFAI, que se pronunciaron por “blindar” el padrón electoral y restringir su consulta, y del señalamiento de la FEPADE que dijo haber iniciado ya la investigación del hecho, el tema del manejo de los datos personales debe ir más allá, y por eso el recuerdo del caso inglés.
Apenas la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Protección de Datos Personales que aún debe ser votada por el Senado. Hoy, parece que la legislación ha quedado corta.
El nombre completo de lo aprobado por los diputados es “Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares”, es decir, deja de lado el manejo de los datos que estén en posesión de dependencias gubernamentales.
Con décadas de atraso en materia de protección de datos personales, México inicia el debate con esa gran falla. El gobierno es, sin duda, el poseedor de las bases de datos más completas sobre la vida de los mexicanos, por lo que la legislación debería abarcar también el ámbito público.
Enfrascado en una lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, sería congruente que el gobierno federal advirtiera el riesgo que implica el que la información detallada de todos nosotros sea así de vulnerable.
LA DEL ESTRIBO
Cuando se perdieron los cedés en Inglaterra, la preocupación, externada por muchos, fue que la información se usara para suplantar identidades, solicitar créditos o subsidios. Aquí, los temores recaen en el secuestro y la extorsión. Hasta en eso...
Con décadas de atraso en materia de protección de datos personales, México inicia el debate con esa gran falla. El gobierno es, sin duda, el poseedor de las bases de datos más completas sobre la vida de los mexicanos, por lo que la legislación debería abarcar también el ámbito público.
Enfrascado en una lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, sería congruente que el gobierno federal advirtiera el riesgo que implica el que la información detallada de todos nosotros sea así de vulnerable.
LA DEL ESTRIBO
Cuando se perdieron los cedés en Inglaterra, la preocupación, externada por muchos, fue que la información se usara para suplantar identidades, solicitar créditos o subsidios. Aquí, los temores recaen en el secuestro y la extorsión. Hasta en eso...
